Los pequeños productores temen que las altas e inminentes exigencias los saquen del mercado. El comisionado de Ambiente fue tajante en Paraguay ante las críticas: “Si no quieren cumplir, no exportan a la UE. Es así de simple”
El jefe de política medioambiental de la Unión Europea, el lituano Virginijus Sinkevicius, empezó este viernes una gira por Sudamérica en un intento de aliviar las críticas en la región sobre una ley controvertida de la UE que prohibirá las importaciones de bienes vinculados a la deforestación de bosques. Este viernes aterrizó por primera vez en Paraguay el comisionado de Medio Ambiente. El lunes se desplazó a Bolivia y desde allí viajará a Ecuador. En los siete días de viaje, defenderá ante varias voces del sector y jefes de Gobierno la ley que él mismo define como “un punto de inflexión en la lucha global contra la deforestación”. Si bien hay varias organizaciones medioambientales que aplauden la medida, los pequeños productores temen que la deficiente implementación y la falta de tecnificación del continente los dejen fuera del mercado. Ante estas primeras críticas en Paraguay, el lituano fue tajante. “Si el exportador paraguayo decide que no quiere cumplir este [reglamento] 1115, que no cumpla y no exporte a la Unión Europea. Es así de simple”, recogieron medios locales.
En un intento de calmar los ánimos, durante su primera parada, anunció una inversión de unos 13 millones de dólares en el proyecto Forest4Life Paraguay. “Estoy seguro que este bosque es para el futuro”, agregó el comisario, quien señaló que este plan no es sólo “para Paraguay, sino para todo el planeta”. Uno de los ejes del proyecto es el fortalecimiento de tres áreas protegidas del país: la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, en coordinación con la fundación Moisés Bertoni; la Reserva Parque Nacional San Rafael, con la ayuda de la Asociación Guyra Paraguay; y la Reserva de la Biosfera del Chaco, en la que trabajarán con WWF. “Hemos encontrado muy claramente un lenguaje en común, un lenguaje sobre el cual podemos desarrollar nuestras relaciones a futuro”, declaró. Durante su visita a Bolivia, también firmó un convenio de cooperación de unos 33 millones de dólares para mitigar la deforestación, la lucha contra los incendios forestales, y para proteger las cuencas, humedales y áreas protegidas.
El reglamento de la Unión Europea sobre deforestación (EUDR), aprobado a finales de 2023, pone el foco en productos como el cacao, café, soja, aceite de palma, madera, carne de vacuno, el caucho y todos sus derivados (como el cuero, la madera, el papel o el chocolate). De acuerdo con la normativa, a partir del 30 de diciembre de 2024, no podrán entrar a la UE productos procedentes de tierras que hayan sido deforestadas después de diciembre de 2020. Así, todas las empresas vinculadas a este tipo de exportación tendrán que incluir un etiquetado que certifique que para la producción de los mismos ningún suelo ha sido deteriorado. Según el comisionado, la política está centrada en plantarle cara a la deforestación y garantizar al consumidor transparencia y trazabilidad de todo lo que consume, desde un motor fundamental: el mercado.
Inicialmente, estas metas no tendrían porqué ser algo negativo. Entre 1990 y 2020, la deforestación llevó por delante una superficie mayor al de todo el área de la UE, unos 420 millones de hectáreas, según la FAO. Y un 10% de esta devastación es atribuible al consumo de los veintisiete países europeos. La deforestación también ha dejado a la propia Amazonia en números rojos, cada vez más cerca del punto de no retorno; el momento en el que el bioma no podrá recuperarse por sí mismo.
Sin embargo, muchas organizaciones de la región creen que no es suficiente con “una bondadosa y bienintencionada ley”, como la denomina Wendy Arenas, directora ejecutiva de la Fundación Alisos, que forma parte del Acuerdo Cero Deforestación de la cadena de Cacao de Colombia. Para la antropóloga, esta norma puede suponer un gran revés a los países latinoamericanos –que tienen a la UE como el tercer socio principal, después de Estados Unidos y China– y, sobre todo, a los pequeños productores.
“Al no haber sido negociada con los países productores, esta norma también se puede interpretar como una barrera al mercado. Y entendemos que la Unión Europea tiene autonomía para definir sus propias normatividades y regulaciones. Sin embargo, estas afectan un entorno global mucho más grande. Los productores deberían tener más voz”, sentenció por teléfono. Su país se quedó fuera de la gira del comisionado europeo al igual que Brasil, lo que ha generado cierta sorpresa en la región por ser uno de los que más afectado se verá por la norma.
“Puede ser estigmatizante”
Lo que exige la UE es que los productos tengan una cadena de trazabilidad transparente. Para ello, piden a las empresas que describan de manera precisa el producto, la información detallada del proveedor y que geolocalicen todas las parcelas de origen de los productos, proporcionando coordenadas geográficas, fechas de producción, pruebas de no deforestación y evidencias de legalidad. “¿Qué productores pueden permitirse esto?”, se pregunta Arenas. Ella cree que los pequeños productores no podrán hacerlo. Del mismo modo, la UE utilizará un sistema comparativo de riesgo –country benchmarking system– para asignar un nivel de riesgo al país de producción; algo así como un ranking. Esta es una de las medidas más criticadas por los países latinoamericanos. “Puede ser estigmatizante para nuestros países”, dicen los expertos.
Para Arenas, el ejemplo más flagrante de que “faltó conversación” es en el caso del cacao o el café, mucho más que en las grandes industrias de la ganadería o el aceite de palma. “El cacao no es un motor de deforestación, sino en contados casos”, dice, “y no se está valorando el esfuerzo de estos pequeños productores que cultivan cacao como única alternativa a otros cultivos ilícitos. No se está premiando. Se les enseña el garrote y no la zanahoria”.
Aunque para Daniel Coronel, coordinador para Perú de Tropical Forest Alliance, esta medida puede “desincentivar” la deforestación, cuenta cómo la ley europea está aún lejos de poderse encajar en países como los de la región, por su escasa tecnificación y el escaso acceso a las propiedades de la tierra. No poder venderle a la UE abriría un hueco enorme en la economía agrícola peruana, que exporta el 51% del café y cerca del 30% del cacao a esta región. De eso viven unas 350.000 familias productoras. “La UE tiene una responsabilidad muy grande. Porque podría ocasionar que productores que no tengan tecnología o a recursos financieros, terminen saliendo de cadenas de suministros y acaben en la minería o coca, como alternativa. Y eso sí que deforesta. Van a tener que acelerar los canales de comunicación y apoyar con los instrumentos de trazabilidad y monitoreo para que no se quede nadie fuera o no sea contraproducente”.
Publicado en El País.
